La primera jornada de detención domiciliaria de Cristina Kirchner, en el marco de la causa “Vialidad“, generó controversia respecto a sus alcances y restricciones. Surgieron interrogantes sobre si la ex mandataria podía hacer uso del balcón de su residencia y si su discurso dirigido a la manifestación en Plaza de Mayo constituía una violación de las condiciones impuestas por la justicia.
Desde el Tribunal Oral Federal 2, encargado de supervisar el cumplimiento de la condena, se evalúa minuciosamente cada acción de la ex presidente. Tras el análisis del primer día de detención, la conclusión preliminar es que Cristina Kirchner no ha transgredido las normas establecidas. Fuentes judiciales indicaron que no se observa ninguna actividad que incite al desorden.
La resolución judicial que concedió la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner establece, además de la prohibición de abandonar su domicilio, la obligación de abstenerse de comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica. La situación de las personas congregadas frente al edificio, con manifestaciones de apoyo, también generó consultas sobre si constituía una perturbación.
La defensa de Cristina Kirchner presentó un pedido de aclaración al tribunal para determinar si la ex presidente puede o no utilizar el balcón de su departamento y, en caso afirmativo, con qué fines. El tribunal tiene plazo para responder a este planteo, aunque fuentes judiciales indicaron que no existe una prohibición explícita al respecto.
El discurso ofrecido por Cristina Kirchner a la multitud reunida en Plaza de Mayo también fue objeto de análisis. Se argumenta que restringir la libertad de expresión de la ex presidente, salvo que incurra en un delito como la incitación a la sedición, podría acarrear consecuencias internacionales para el Estado argentino, al constituir una forma de proscripción.
Finalmente, se encuentra en curso el plazo para que Cristina Kirchner presente el listado de personas autorizadas a ingresar a su domicilio, limitado a familiares, personal de seguridad, profesionales médicos y abogados. Cualquier otra persona deberá contar con autorización previa. La defensa de Cristina Kirchner tiene la potestad de presentar objeciones a este listado.
