Un año después de la firma del denominado *Pacto de Mayo*, solo una minoría de los *gobernadores* que asistieron al evento en Tucumán en 2024 planeaban regresar para el acto de vigilia del 9 de Julio, encabezado por Javier Milei. Este contraste resalta un cambio significativo en la relación política entre las provincias y la *Casa Rosada*.
La madrugada del acuerdo original, casi todos los *gobernadores*, con excepción de los más opositores, se unieron en la capital tucumana para sellar una alianza política que se materializó en la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, considerados fundamentales para la *gobernabilidad* de Milei en el Parlamento. Sin embargo, este *pacto* ahora se encuentra en una situación incierta. Los *gobernadores* presentaron en el Senado proyectos para modificar la distribución de los aportes del tesoro y el impuesto a los combustibles, lo cual generó una señal de alerta en el Ejecutivo.
Ante la invitación formal del Gobierno a las provincias, la decisión de asistir o no a la ceremonia de vigilia generó debates entre los *gobernadores*. Los representantes del PRO y la UCR optaron por no participar, justificándose con compromisos previos, como el viaje de Maximiliano Pullaro a Estados Unidos en busca de financiamiento. Incluso Alfredo Cornejo, representante de las provincias en el postergado Consejo de Mayo, alegó problemas de vuelos y la organización del desfile patrio en su provincia.
Hugo Passalacqua, de Misiones, confirmó rápidamente su asistencia, asumiendo que otros colegas harían lo mismo. Además del anfitrión, Osvaldo Jaldo, se esperaba la presencia de Gustavo Sáenz, de Salta. La participación de Raúl Jalil, de Catamarca, era incierta. La vigilia se produce en un contexto de desacuerdo entre los *gobernadores* y el Ejecutivo por la distribución de los recursos coparticipables y la eliminación de fondos fiduciarios.
Los *gobernadores* reclaman un reparto más equitativo de los ingresos provenientes de la Nación, que han disminuido debido a la recesión económica. La falta de respuesta por parte de la *Casa Rosada* a sus peticiones ha generado inquietud entre los mandatarios provinciales. El Gobierno no se había comunicado con los jefes provinciales para dar una respuesta a los pedidos.
La situación se agrava con la posibilidad de que la oposición y los aliados convoquen a una sesión para tratar la actualización de las jubilaciones, así como la moción de los *gobernadores* para que se discutan los proyectos de distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles sin pasar por comisiones. El Ejecutivo, por su parte, advirtió que vetará cualquier proyecto que altere el programa fiscal de déficit cero.
La avanzada de las provincias se da en medio de rumores sobre el funcionamiento interno del equipo de toma de decisiones del Gobierno y una disputa interna entre diferentes facciones. La relación entre la *Casa Rosada* y los *gobernadores* se ha tensado, y algunos observadores anticipan un escenario que podría afectar la *gobernabilidad* antes de las elecciones de octubre.
