La administración de justicia ratificó que la Anmat había acumulado más de un centenar de informes con señalamientos sobre los procedimientos de manufactura del laboratorio Ramallo, lugar donde se produjeron los lotes de fentanilo contaminado que provocaron diversas intoxicaciones. Las notificaciones, según fuentes de prensa, no se limitaban al mencionado medicamento, sino que abarcaban deficiencias generales en la calidad de la elaboración de diversos productos.
El descubrimiento tuvo lugar después de que el magistrado federal Ernesto Kreplak solicitara al ente regulador la totalidad de los documentos relacionados con la empresa. La Anmat realizó dos entregas parciales, hasta que el juzgado logró identificar la existencia de un archivo de Excel con más irregularidades que no se había facilitado inicialmente. Para acceder a este archivo, se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
Este archivo, que detalla numerosas anomalías, podría resultar fundamental para determinar las responsabilidades penales de los directivos del laboratorio, incluyendo a su propietario, Ariel Fernando García, también titular del grupo HLB Pharma, la compañía farmacéutica implicada en la distribución del fentanilo contaminado. La Justicia busca determinar si los dueños del laboratorio también tienen responsabilidad en lo sucedido.
Si se confirma que estaban al tanto de estas anomalías y no tomaron medidas correctivas, podrían enfrentar consecuencias legales. La investigación se inició a partir de una denuncia de la propia Anmat, tras la notificación del Hospital Italiano de La Plata, donde 18 pacientes presentaron signos de contaminación tras la administración del fentanilo fabricado por HLB. El análisis posterior reveló que las bacterias detectadas en las ampollas coincidían con las halladas en los pacientes afectados.
El producto había sido elaborado en el laboratorio Ramallo durante la campaña 2024 y fue distribuido a casi todas las provincias del país por la droguería Alfarma. Las autoridades judiciales identificaron un desvío de calidad en el proceso de fabricación de al menos dos lotes. En la actualidad, el juez Kreplak aguarda un peritaje clave sobre el "Batch Record", una especie de historial clínico de los lotes, que será realizado por el Instituto Malbrán. El objetivo es establecer si las fallas en la producción del fentanilo se remontan a años anteriores.
Mientras la investigación avanza, Kreplak ordenó además la inhibición de bienes del dueño del laboratorio, Ariel Fernando García, de sus hermanos Damián Roberto y Diego, y de su madre, Nilda Furfaro. También se vio afectada Olga Luisa Arena, abuela de 90 años y expresidenta de HLB Pharma Group. Para la Justicia, el grupo familiar operaba a través de diversas estructuras empresariales que podrían haber sido diseñadas para encubrir actividades ilícitas. La medida busca prevenir posibles maniobras de fuga o entorpecimiento del proceso judicial. Por el momento, la causa carece de imputaciones formales, pero el avance del expediente y el volumen de las pruebas recolectadas sugieren que el juez se encamina hacia esa instancia. Kreplak advierte que “las características del suceso, el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”.
